Aprueba Senado jornada laboral de 40 horas; otorga un sólo día de descanso
El Senado de la República aprobó ayer miércoles la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, un cambio impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldado por unanimidad en el pleno.
La medida entrará en vigor de manera gradual a partir de enero de 2027, disminuyendo dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en 2030, con el objetivo de alinearse con estándares internacionales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Aunque celebrada como un avance en derechos laborales, la enmienda ha sido calificada por la oposición como un "acto de justicia a medias", ya que no incluye prohibiciones explícitas para evitar impactos negativos en el empleo o la productividad.
La reforma modifica el artículo 123 de la Constitución, estableciendo que la jornada máxima será de 40 horas distribuidas en la semana, pero deja abierta la posibilidad de que se extienda sobre seis días laborales, lo que implica solo un día de descanso obligatorio en lugar de los dos que se esperaban.
Además, eleva el límite de horas extras semanales a 12, en comparación con las nueve horas actuales permitidas por la Ley Federal del Trabajo, manteniendo el recargo del 100% para las primeras y del 200% para las subsiguientes.
Esta flexibilidad busca equilibrar las necesidades de las empresas, pero ha generado preocupaciones sobre una posible precarización, similar a críticas observadas en reformas análogas en otros países como Chile.
Críticos, incluyendo senadores del PAN y PRI, advierten de una "trampa" en la ley: al no garantizar dos días de descanso, los empleadores podrían obligar a trabajar seis días a la semana con jornadas más cortas, reduciendo el tiempo libre real de los empleados.
Asimismo, el aumento en el tope de horas extras podría abaratar su costo para las empresas al diluir el impacto del recargo triple, fomentando más horas adicionales en lugar de contratar personal nuevo, lo que representaría un retroceso en protecciones laborales.
Activistas y expertos llaman a fortalecer el texto en la Cámara de Diputados para cerrar estos vacíos y evitar que la reforma beneficie más al sector patronal que a los trabajadores.
